Choperas y créditos de carbono: análisis de las posibilidades reales en España

El pasado 2 de junio, el Centro Cultural Provincial de Palencia acogió la jornada ‘Capturar CO₂, generar oportunidades: el mercado del carbono y el rol del dueño forestal’, organizada por la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Fafcyle) en colaboración con la Asociación Forestal de Palencia (Asfopa), la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, en el marco del proyecto “Contigo en el Monte”, financiado por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU). La mesa redonda reunió a Land Life, Carbon2Nature, Gesforma, Sylvestris y Cesefor, con la participación de Tomás Sánchez Pellicer por parte de Cesefor, y permitió contrastar modelos de trabajo, requisitos técnicos y experiencias ya desarrolladas en la comunidad.

El sector del chopo, con presencia muy significativa en Castilla y León, tiene en este debate uno de sus campos de interés más inmediatos. Las choperas son, en términos biológicos, uno de los mejores sumideros de carbono del territorio: una plantación productiva fija en torno a 30 toneladas de CO₂ al año por hectárea, y aproximadamente la mitad del peso seco de su biomasa es carbono. La pregunta relevante, sin embargo, no es cuánto carbono fijan, sino cuánto de ese carbono puede convertirse en un crédito vendible. El análisis caso por caso muestra que las posibilidades existen, pero son más estrechas de lo que sugiere el discurso comercial.

El cuello de botella del MITECO: el cambio de uso del suelo

El Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción del MITECO solo admite dos tipologías de proyectos: repoblación forestal en zonas donde no ha habido un bosque desde el 31 de diciembre de 1989, y actuaciones en zonas forestales incendiadas para el restablecimiento de la masa forestal existente. La primera tipología está descrita explícitamente en la documentación oficial como “Tipo A: repoblaciones forestales con cambio de uso de suelo”, y se acompaña de un criterio temporal y de la exigencia de que la conversión sea consecuencia de una acción humana directa.

Este requisito es el principal obstáculo para la populicultura española. La inmensa mayoría de choperas en producción —en las cuencas del Duero, Ebro, Genil o riberas catalanas— se cultivan sobre terrenos que ya estaban dedicados al cultivo del chopo desde hace décadas. Una corta seguida de una nueva plantación no constituye cambio de uso: el suelo seguía siendo forestal. Para que una chopera sea elegible bajo la tipología A del MITECO, debe implantarse sobre un terreno que no haya sido bosque desde finales de 1989, lo que en la práctica significa antiguos cultivos agrícolas, pastizales abandonados o tierras yermas. Esto reduce drásticamente la base potencial de proyectos.

A este filtro se le suman otros dos: la permanencia mínima de 30 años y la exclusión de los árboles forestales de cultivo de ciclo corto, definidos como aquellos cuya duración se prolonga, como mínimo, 8 años. La permanencia choca frontalmente con el turno productivo habitual de la chopera española (14-18 años). Mantener la masa durante 30 años significa, en la práctica, renunciar a una rotación productiva intermedia o reorientar el modelo a turnos largos con espesura cerrada. La exclusión del ciclo corto descarta además los modelos de muy corta rotación tipo SRC para biomasa.

El resultado es coherente con los datos disponibles: pese a las miles de hectáreas de chopo existentes, la primera chopera certificada en España como proyecto de absorción de CO₂ por el MITECO se obtuvo en noviembre de 2024 por la empresa Bosques y Ríos, sobre 1,25 hectáreas en Vega de Infanzones (León), con una capacidad estimada de capturar 47 toneladas de CO₂ a lo largo de los próximos 30 años. Esa cifra —en torno a 38 t CO₂/ha en 30 años, es decir, poco más de 1 t CO₂/ha y año contabilizable— está muy por debajo de la fijación real de una chopera productiva, porque el cálculo del Registro penaliza la corta final y los flujos de salida de carbono. El caso ilustra que la vía MITECO existe, pero su rendimiento por hectárea en términos de crédito es modesto.

Verra y Gold Standard: adicionalidad y costes

La alternativa son los estándares internacionales. Los proyectos forestales se enmarcan habitualmente en categorías de Aforestación, Reforestación y Revegetación (ARR) o de Gestión Forestal Mejorada (IFM), trabajando con estándares como Verra (VCS y CCB), Gold Standard o Plan Vivo.

La cuestión de fondo en estos estándares no es solo técnica, sino conceptual: la adicionalidad. Hay que demostrar que el proyecto no se habría llevado a cabo sin los ingresos por créditos de carbono. En una chopera productiva, cuyo modelo económico se sostiene desde hace décadas por la venta de madera, demostrar adicionalidad es problemático. Si el propietario ya iba a plantar chopos porque el cultivo le es rentable, los créditos no son adicionales: son un ingreso extra sobre una actividad que se habría producido igualmente.

A este problema metodológico se le suma la cuestión de los costes. Los procesos de certificación bajo Verra o Gold Standard implican el diseño del Project Description bajo metodologías aprobadas (por ejemplo, la VM0047 para ARR), la validación por una entidad acreditada independiente, las verificaciones periódicas, las tarifas del registro y el seguimiento durante todo el ciclo del proyecto. La certificación del bosque Grandas de Salime bajo el programa VCS de Verra comenzó tras el verano de 2022 y necesitó tres años para registrar el primer proyecto en la Península Ibérica bajo este estándar, con participación de Grupo Sylvestris, Fundación Repsol, Global Factor, Climit, Carbosur y AENOR. Tres años de tramitación y un consorcio de seis entidades para sacar adelante un solo proyecto: ese es el orden de magnitud del esfuerzo, y de los actores capaces de asumirlo.

Para una chopera media en España, con superficies habituales de entre 1 y 10 hectáreas por propietario, asumir individualmente esos costes es inviable. El precio del crédito en el mercado voluntario tampoco ayuda: ronda los 8 euros la tonelada, frente a los 40 del mercado regulado. Con esos precios, los ingresos por crédito en un proyecto pequeño difícilmente cubren los costes fijos de certificación y verificación.

Salidas viables: agrupación, CRCF y producto madera

Tres líneas concentran el recorrido real del sector, y las tres fueron objeto de discusión en la jornada de Palencia.

Agrupación de propietarios. La fórmula para que los costes fijos se diluyan es el proyecto colectivo. La Agrupación de Productores Marjal Chopo de Granada se está preparando para ingresar al mercado de créditos de carbono. Sin masa crítica de superficie y volumen de créditos, ningún estándar privado es económicamente sostenible. Esta es probablemente la única vía realista para choperas que cumplan criterios de aforestación auténtica.

El nuevo marco europeo CRCF. El Reglamento (UE) 2024/3012 relativo a la absorción de carbono y la agricultura de carbono (CRCF) establece un sistema de certificación voluntaria a escala de la UE para las absorciones permanentes de carbono y la reducción de emisiones del suelo generadas por la carbonocultura, las tecnologías industriales y el almacenamiento duradero de carbono en los productos. Fue adoptado el 6 de diciembre de 2024, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2358 representa el primer paso para su puesta en marcha. La hoja de ruta de metodologías para 2026 incluye agricultura y agroforestería, rehumectación de turberas y aforestación, generando todos ellos unidades temporales con períodos de monitorización típicamente de 5 a 30 años.

El CRCF tiene dos implicaciones relevantes para el sector del chopo. La primera es la categoría de carbonocultura, que puede dar cabida a sistemas agroforestales con chopo en calles, especialmente en suelos agrícolas. La segunda, y potencialmente más interesante, es la categoría de almacenamiento de carbono en productos (HWP, harvested wood products): el carbono fijado por la chopera no se contabilizaría únicamente en pie, sino también en el contrachapado, los tableros y los productos de larga vida útil que produzca la industria a partir de esa madera. Esta vía, que reconoce el ciclo real del producto, encaja con la lógica industrial del chopo español y podría reescribir la ecuación de los créditos.

El mercado autonómico gallego. El 29 de octubre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de Galicia el Decreto 95/2025, que regula el sistema voluntario de créditos de carbono de la Xunta de Galicia, constituyendo la pieza fundamental para poner en marcha el primer mercado voluntario autonómico de carbono de España. Aplica únicamente en territorio gallego y todavía está pendiente la aprobación específica de metodologías, pero abre una vía paralela que puede inspirar a otras comunidades con tradición chopera, especialmente Castilla y León y Aragón, a plantear sistemas similares.

Conclusión: expectativas moderadas, oportunidades acotadas

El relato comercial que presenta la chopera como gran fuente de créditos de carbono choca con la realidad regulatoria. El Registro del MITECO, la única vía pública nacional, exige cambio de uso del suelo y permanencia de 30 años: dos condiciones que la inmensa mayoría de choperas existentes no cumplen ni pueden cumplir sin renunciar a su modelo productivo. Los estándares privados internacionales tipo Verra o Gold Standard son técnicamente posibles, pero su coste y la dificultad de demostrar adicionalidad los hacen inviables a pequeña escala.

Las opciones con recorrido pasan por proyectos colectivos en superficies nuevas sobre antiguos terrenos agrícolas, por el desarrollo de las metodologías del CRCF europeo —en particular la rama de almacenamiento de carbono en productos de madera— y, en el caso gallego, por el nuevo sistema autonómico. La jornada de Palencia confirmó algo que el sector lleva tiempo intuyendo: la chopera es un excelente sumidero biológico, pero ser un buen sumidero y ser un buen generador de créditos transables son dos cosas distintas, y la diferencia entre una y otra está, sobre todo, en la letra pequeña de las reglas del mercado.